El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) pidió a Panamá que tipifique los delitos fiscales y, además, que adopte medidas para prevenir el ingreso de fondos financieros ilícitos provenientes del extranjero.
Estas recomendaciones de Gafilat se desprenden del Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá, que fue publicado en enero de 2018.
Este documento evalúa el sistema Anti-lavado y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), de Panamá”.
La evaluación se basó en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de 2012 y se preparó utilizando la metodología de evaluación de 2013.
Se utilizó información proporcionada por el país, de fuentes externas y organismos internacionales, y en información obtenida por el equipo evaluador durante su visita in situ al país del 15 al 26 de mayo de 2017.
Evaluación
Para Gafilat fue importante destacar que Panamá no tiene tiene tipificados los delitos fiscales como delitos determinantes de lavados de activos.
Esto, según el organismo internacional, presenta una serie de dificultades, toda vez que impide la realizac ión de investigaciones domésticas y la capacidad de proporcionar cooperación internacional.
En este sentido el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, presentó el pasado 17 de enero el proyecto de ley que busca penalizar el fraude fiscal.
Presentación el pasado 17 de enero del proyecto que busca penalizar el fraude fiscal. | Cortesía.
En la iniciativa se estipulan sanciones de 2 a 5 años y multas hasta 10 veces el importe defraudado a las personas que en beneficio propio o de un tercero, con la intención de defraudar a la Hacienda Nacional simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos.
Adicionalmente, establece que para que haya delito tiene que haber fraude por encima de $300,000 en un año fiscal, se informó en un comunicado de prensa.
En el informe de Gafilat destaca que Panamá ha efectuado una evaluación nacional de riesgo, en la cual ha identificado que sus principales riesgos en materia de lavado de activos se derivan de los flujos financieros ilícitos provenientes del exterior que podrían ser colocados en Panamá asociados al narcotráfico, otros delitos vinculados con el crimen organizado, contrabando y delitos relacionados al comercio exterior.
Por lo que respecta a las amenazas internas, se identificaron los delitos de narcotráfico, corrupción, delitos financieros y delitos contra la propiedad intelectual e industrial, incluyendo contrabando, como las principales.
Uno de los principales riesgos que enfrenta el país en materia de ingresos de fondos de origen delictivo es la recepción de dinero u otros activos financieros producto de delitos fiscales cometidos en el exterior, pero este no ha sido considerado en la evaluación nacional de riesgo aprobada por el país.
Según Gafilat, el riesgo es inherentemente alto para la colocación de activos procedentes de delitos cometidos en el exterior, para lo cual se podrían utilizar personas y estructuras jurídicas (especialmente sociedades anónimas, fundaciones de interés privado y fideicomisos).
La imposibilidad de investigar y procesar el delito de lavado de activos, proveniente del delito fiscal influye negativamente de forma determinante en la efectividad del proceso de decomiso y medidas de incautación.
Pese a esto, Gafilat considera que las autoridades competentes cooperan y coordinan adecuadamente el desarrollo de políticas y actividades para prevenir el lavado de activos, sin perjuicio de que se han constatado limitaciones en el alcance de la estrategia nacional aprobada por el país.
De acuerdo con el organismo, la Unidad de Análisis Financiero es capaz de comunicar, de modo espontáneo y a requerimiento, los resultados de sus análisis, lo cual realiza por medio de informes de inteligencia.
La visita de Gafilat en Panamá terminó el 26 de mayo de 2017. | Cortesía
Tiene acceso a una amplia gama de información y agrega valor a sus informes. No obstante, es muy bajo el aporte que realiza al Ministerio Público para investigar y rastrear activos criminales relacionados con lavado de activos, delitos determinantes y financiamiento del terrorismo.
Se destaca también que el sistema procesal penal está implementando un cambio de modelo, desde un sistema inquisitivo mixto a un sistema acusatorio y lo anterior genera para el país una serie de desafíos en cuanto a la forma de investigar y sancionar los casos de lavado de activos.
Recomiendan continuar el proceso de fortalecimiento de las instituciones más relevantes del sistema, como son la Policía, la Fiscalía, el Departamento de Bienes Aprehendidos y los Jueces de Garantía y Tribunales”.
